Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo.

1. Como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, los procedimientos recogidos en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

3. Asimismo, se exceptúan de la regla general los siguientes procedimientos:

a) Aquellos en los que una norma con rango de ley, cuando sea de directa aplicación o básica, o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones de interés general.

b) Los relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.

c) Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran, al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio público o al servicio público.

d) Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente o el patrimonio histórico y cultural.

e) Los de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía.

f) Los de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en las letras b) a e) anteriores.

g) Los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

h) Los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas del obligado al pago de ingresos no tributarios.

i) Los procedimientos en materia de personal de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración.

1. Con la finalidad de impulsar la simplificación administrativa, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá el desarrollo de instrumentos de colaboración y coordinación.

Estos instrumentos permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre las actividades económicas, tanto de policía como de inspección y sanción; el otorgamiento y control de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades económicas; la ejecución de proyectos concretos o de sectores económicos específicos; o la ágil resolución de cualesquiera procedimientos administrativos de tramitación y reconocimiento de derechos y acceso a los servicios públicos de la ciudadanía.

2. La colaboración y coordinación entre Administraciones públicas podrá articularse a través de convenios, que concretarán, en su caso, los servicios y recursos necesarios.

3. Las Administraciones públicas que tienen atribuidas las competencias en materia de cooperación y asistencia a los gobiernos locales pueden adoptar las medidas instrumentales y de fomento necesarias para aplicar el presente título.

4. La coordinación de la acción administrativa en materias específicas podrá articularse mediante la adopción de protocolos coordinados entre diferentes órganos y organismos del sector público con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos de su competencia y de facilitar la evaluación permanente de las mejoras de eficacia y eficiencia alcanzadas.

Artículo 2. Principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa.

La Administración pública autonómica establecerá fórmulas institucionales y organizativas flexibles, dúctiles y, en su caso, de carácter temporal que permitan hacer frente a los asuntos que transcienden las atribuciones propias de las consejerías.

Artículo 22. Plazos de resolución.

1. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley, cuando sea de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea.

2. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, contados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo.

1. Como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, los procedimientos recogidos en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

3. Asimismo, se exceptúan de la regla general los siguientes procedimientos:

a) Aquellos en los que una norma con rango de ley, cuando sea de directa aplicación o básica, o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones de interés general.

b) Los relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.

c) Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran, al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio público o al servicio público.

d) Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente o el patrimonio histórico y cultural.

e) Los de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía.

f) Los de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en las letras b) a e) anteriores.

g) Los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

h) Los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas del obligado al pago de ingresos no tributarios.

i) Los procedimientos en materia de personal de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo.

1. Como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.

Artículo 22. Plazos de resolución.

1. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley, cuando sea de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea.

2. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, contados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal.

Artículo 18. Tramitación conjunta de proyectos.

1. La Administración de la Junta de Andalucía, promoverá que los actos de intervención administrativa que afecten a diversas actividades incluidas en un solo procedimiento se integren ante una única instancia en los supuestos de proyectos que sean susceptibles de tramitación conjunta, así como para los que se declaren de agilización administrativa en los términos que reglamentariamente se establezca.

2. El Consejo de Gobierno a instancia de la Consejería competente en materia de administración pública, determinará el órgano autonómico competente ante el cual se realizarán todos los trámites y se establecerán los mecanismos para llevarlo a efecto. Este órgano coordinará todos los trámites administrativos necesarios para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de los actos y resoluciones que correspondan a los demás órganos competentes.

Artículo 3. Deber general de promoción de la simplificación administrativa.

1. Todas las entidades y órganos que integran el sector público autonómico deberán promover de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos ámbitos de competencias, de manera que suponga menor carga para la ciudadanía y para los operadores económicos, removiendo todos los obstáculos que lo impidan o dificulten y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias, ya sean de carácter normativo o no.

2. En el ejercicio de sus competencias, las entidades y órganos que integran el sector público autonómico deberán optar por aquellas alternativas regulatorias y de gestión que impliquen una mayor simplificación administrativa, incluyendo por tanto menores cargas para los ciudadanos y para los operadores económicos.

3. Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía que consideren que las normas contenidas en el presente Decreto-ley requieren de modificaciones para su cumplimiento efectivo en las normas reguladoras de actuaciones y procedimientos de su competencia, propondrán dicha modificación. Para ello deberán identificar y concretar el contenido de la modificación que se deba realizar. Además, cooperarán y prestarán el apoyo necesario para que la modificación se lleve a efecto.

4. Cuando el proceso de simplificación administrativa se desarrolle en el marco de un procedimiento administrativo cuyo objeto afecte específicamente a un determinado colectivo, deberá preverse su participación en el citado proceso. Asimismo, podrá solicitarse la participación de otras administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación de los procedimientos.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos.

2. La gestión coordinada se acordará por orden de la Consejería competente por razón de la materia o cuando lo sean varias, por orden conjunta, y mediante convenio cuando se trate de distintas Administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos.

2. La gestión coordinada se acordará por orden de la Consejería competente por razón de la materia o cuando lo sean varias, por orden conjunta, y mediante convenio cuando se trate de distintas Administraciones públicas.

Artículo 17. Gestión y mejora continua de los procesos horizontales e internos.

La Administración de la Junta de Andalucía identificará todos sus procesos horizontales o transversales, entendiendo por tales aquellos que afecten a más de una Consejería o ente instrumental, así como aquellos procesos internos que afecten o tramiten las mismas, revisando y eliminando aquellas actuaciones que no le añadan valor y estandarizando los mismos, con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de los servicios e incrementar la eficacia y la eficiencia.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos.

1. La gestión coordinada de procedimientos consiste en el establecimiento de un marco de trabajo instrumental, organizativo y, en su caso temporal para el ejercicio de una competencia o del conjunto coordinado de las competencias que corresponden a diferentes Administraciones públicas, organismos públicos u órganos administrativos, para la autorización de una actividad o proyecto concretos o de sectores económicos específicos, o la resolución de cualesquiera procedimientos administrativos de reconocimiento de derechos y el acceso a los servicios públicos de la ciudadanía.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración.

1. Con la finalidad de impulsar la simplificación administrativa, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá el desarrollo de instrumentos de colaboración y coordinación.

Estos instrumentos permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre las actividades económicas, tanto de policía como de inspección y sanción; el otorgamiento y control de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades económicas; la ejecución de proyectos concretos o de sectores económicos específicos; o la ágil resolución de cualesquiera procedimientos administrativos de tramitación y reconocimiento de derechos y acceso a los servicios públicos de la ciudadanía.

2. La colaboración y coordinación entre Administraciones públicas podrá articularse a través de convenios, que concretarán, en su caso, los servicios y recursos necesarios.

3. Las Administraciones públicas que tienen atribuidas las competencias en materia de cooperación y asistencia a los gobiernos locales pueden adoptar las medidas instrumentales y de fomento necesarias para aplicar el presente título.

4. La coordinación de la acción administrativa en materias específicas podrá articularse mediante la adopción de protocolos coordinados entre diferentes órganos y organismos del sector público con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos de su competencia y de facilitar la evaluación permanente de las mejoras de eficacia y eficiencia alcanzadas.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo.

1. Como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, los procedimientos recogidos en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

3. Asimismo, se exceptúan de la regla general los siguientes procedimientos:

a) Aquellos en los que una norma con rango de ley, cuando sea de directa aplicación o básica, o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones de interés general.

b) Los relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.

c) Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran, al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio público o al servicio público.

d) Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente o el patrimonio histórico y cultural.

e) Los de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía.

f) Los de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en las letras b) a e) anteriores.

g) Los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

h) Los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas del obligado al pago de ingresos no tributarios.

i) Los procedimientos en materia de personal de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.

Artículo 15. Delimitación.

La gobernanza pública por proyectos se llevará a cabo preferentemente a través de tramitaciones conjuntas de proyectos y gestión coordinada de procedimientos, todo ello sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurídico estatal o autonómico y que contribuyan a la implantación, desarrollo y culminación de proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo.

4. Excepcionalmente, podrá también establecerse el sentido desestimatorio del silencio mediante norma con rango de ley por razones de interés general. La memoria justificativa de la norma con rango de ley deberá concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el sentido desestimatorio del silencio, especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración.

1. Con la finalidad de impulsar la simplificación administrativa, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá el desarrollo de instrumentos de colaboración y coordinación.

Estos instrumentos permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre las actividades económicas, tanto de policía como de inspección y sanción; el otorgamiento y control de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades económicas; la ejecución de proyectos concretos o de sectores económicos específicos; o la ágil resolución de cualesquiera procedimientos administrativos de tramitación y reconocimiento de derechos y acceso a los servicios públicos de la ciudadanía.

2. La colaboración y coordinación entre Administraciones públicas podrá articularse a través de convenios, que concretarán, en su caso, los servicios y recursos necesarios.

3. Las Administraciones públicas que tienen atribuidas las competencias en materia de cooperación y asistencia a los gobiernos locales pueden adoptar las medidas instrumentales y de fomento necesarias para aplicar el presente título.

4. La coordinación de la acción administrativa en materias específicas podrá articularse mediante la adopción de protocolos coordinados entre diferentes órganos y organismos del sector público con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos de su competencia y de facilitar la evaluación permanente de las mejoras de eficacia y eficiencia alcanzadas.

Artículo 20. Utilización de las encomiendas de gestión administrativas para la gestión compartida de proyectos.

1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá utilizar las encomiendas de gestión interadministrativas para la gestión compartida de proyectos cuando sea necesaria la realización de actividades de carácter material o técnico, en los términos establecidos en la normativa básica estatal y el artículo 105 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía potenciará las encomiendas de gestión a otros órganos o entidades de derecho público para el cumplimiento del objetivo y finalidad del presente Decreto-ley.

Artículo 22. Plazos de resolución.

1. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley, cuando sea de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea.

2. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, contados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos.

1. La gestión coordinada de procedimientos consiste en el establecimiento de un marco de trabajo instrumental, organizativo y, en su caso temporal para el ejercicio de una competencia o del conjunto coordinado de las competencias que corresponden a diferentes Administraciones públicas, organismos públicos u órganos administrativos, para la autorización de una actividad o proyecto concretos o de sectores económicos específicos, o la resolución de cualesquiera procedimientos administrativos de reconocimiento de derechos y el acceso a los servicios públicos de la ciudadanía.

2. La gestión coordinada se acordará por orden de la Consejería competente por razón de la materia o cuando lo sean varias, por orden conjunta, y mediante convenio cuando se trate de distintas Administraciones públicas.

3. Los instrumentos de gestión coordinada de procedimientos tendrán los siguientes contenidos:

a) El marco instrumental, organizativo y temporal de la gestión coordinada, incluyendo de forma detallada las medidas de coordinación y colaboración aplicables. Deberá establecerse el horizonte temporal de gestión coordinada determinando el momento en que se prevea la emisión de los informes preceptivos y, en su caso, de las resoluciones sustantivas o ambientales precisas para el desarrollo de la actividad o proyecto.

b) La documentación que deberá elaborarse y presentarse para hacer posible la gestión coordinada, conforme a la regulación de los procedimientos que son objeto de ella.

c) La persona responsable de la coordinación, que deberá ser designada entre empleados públicos, autoridades o cargos del sector público autonómico, con conocimientos especializados en la materia de que se trate, y los empleados públicos que actúen como coordinadores entre los diferentes centros directivos y entidades para el procedimiento de gestión coordinada.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo.

6. Cada Consejería deberá revisar el sentido del silencio, siempre que resulte procedente, cada vez que modifique una norma de su competencia. Para el resto de normativa en vigor se establecerán los plazos de revisión en el Plan de Calidad y Simplificación Administrativa.

Artículo 15. Delimitación.

La gobernanza pública por proyectos se llevará a cabo preferentemente a través de tramitaciones conjuntas de proyectos y gestión coordinada de procedimientos, todo ello sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurídico estatal o autonómico y que contribuyan a la implantación, desarrollo y culminación de proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración.

1. Con la finalidad de impulsar la simplificación administrativa, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá el desarrollo de instrumentos de colaboración y coordinación.

Estos instrumentos permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre las actividades económicas, tanto de policía como de inspección y sanción; el otorgamiento y control de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades económicas; la ejecución de proyectos concretos o de sectores económicos específicos; o la ágil resolución de cualesquiera procedimientos administrativos de tramitación y reconocimiento de derechos y acceso a los servicios públicos de la ciudadanía.

2. La colaboración y coordinación entre Administraciones públicas podrá articularse a través de convenios, que concretarán, en su caso, los servicios y recursos necesarios.

3. Las Administraciones públicas que tienen atribuidas las competencias en materia de cooperación y asistencia a los gobiernos locales pueden adoptar las medidas instrumentales y de fomento necesarias para aplicar el presente título.

4. La coordinación de la acción administrativa en materias específicas podrá articularse mediante la adopción de protocolos coordinados entre diferentes órganos y organismos del sector público con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos de su competencia y de facilitar la evaluación permanente de las mejoras de eficacia y eficiencia alcanzadas.