Comparativa de preguntas de Preparándalus con las del examen oficial de Administrativo (OEP2023) : ¡60 preguntas coincidentes!

1. Según el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de: 

A) 1 mes. 

B) 3 meses. 

C) 20 días. 

D) 2 meses. 

El artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el plazo de interposición de un recurso de alzada, si el acto es expreso será de: Ref.:#4597

1. Un mes.

2. Tres meses.

3. Seis meses.

4. El recurso podrá interponerse en cualquier momento.

2. Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada:  

A) Dentro del plazo de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

B) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

C) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

D) En el plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

El artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que toda notificación deberá ser cursada : Ref.:#4218

1. Sin dilación, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

2. Dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

3. Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

4. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

3. Según el artículo 10.1 de la Constitución Española, uno de los siguientes NO es fundamento del orden político ni de la paz social: 

A) El respeto a la ley. 

B) La dignidad de la persona. 

C) El respeto a los derechos de los demás. 

D) El libre desarrollo económico-social de las personas. 

Conforme al articulo 10, párrafo 1 de la Constitución Española de 1978, son fundamento del orden político y de la paz social: Ref.:#11366

1. La dignidad de la persona, las libertades inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

2. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

3. La dignidad de la persona, las libertades inviolables que le son inherentes, la nacionalidad, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

4. La dignidad de la persona, los derechos y libertades inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

4. A tenor del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente:  

A) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

B) Abrirá un plazo de 15 días para que el interesado subsane el error de la calificación.

C) No será obstáculo para su tramitación, en ningún caso. 

D) No será obstáculo para su tramitación, siempre que el interesado esté debidamente identificado. 

El artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente: Ref.:#4573

1. Impedirá su tramitación, debiendo la administración requerir al interesada su exacta calificación jurídica.

2. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

3. Será obstáculo para su tramitación, aunque se deduzca su verdadero carácter.

4. Será un acto no susceptible de recurso.

6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento estará compuesto: 

A) Por un máximo de 109 Diputados y Diputadas. 

B) Por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas. 

C) Por un máximo de 119 Diputados y Diputadas. 

D) Por un mínimo de 119 Diputados y Diputadas. 

Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sobre la composición, la elección y el mandato del Parlamento andaluz: Ref.:#5515

1. El Parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

2. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y estarán sujetos a mandato imperativo.

3. El Parlamento es elegido por cinco años.

4. Los Diputados gozarán, mientras dure su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

8. Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres será aprobado por:  

A) La Consejería competente en materia de Igualdad.  

B) La Consejería competente en materia de Administración Pública. 

C) El Instituto Andaluz de la Mujer.  

D) El Consejo de Gobierno. 

El Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres previsto en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género entre hombres y mujeres en Andalucía será aprobado por: Ref.#40

1. El Instituto Andaluz de la Mujer.

2. El Parlamento de Andaluz

3. El Consejo de Gobierno.

4. La Consejería competente en materia de Igualdad

9. Conforme al artículo 17.6 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros de un órgano colegiado quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos: 

A) Cuando voten en contra o se abstengan. 

B) Cuando así lo soliciten, independiente del sentido de su voto. 

C) Únicamente cuando voten en contra y adviertan de las consecuencias del acuerdo adoptado por escrito dirigido al Presidente del órgano. 

D) Todos los miembros de los órganos colegiados mantendrán su responsabilidad independientemente del sentido de su voto. 

Señala la afirmación correcta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre los órganos colegiados: Ref.:#8633

1. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia por unanimidad.

2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de votos.

3. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

4. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Presidente de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

10. Según el artículo 16.3.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tendrán la consideración de: 

A) Contratos de gestión de servicios. 

B) Contratos de servicios. 

C) Contratos de suministro. 

D) Contratos de consultoría y asistencia. 

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cual de los siguientes contratos no  tiene la consideración de Contrato de suministro: Ref.:#9209

1. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

2. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos.

3. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.

4. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

11. De acuerdo con el artículo 5.6 de la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, la competencia para la aprobación de la nómina mensual de retribuciones en relación con el personal bajo la dependencia de las distintas Consejerías corresponderá: 

A) Únicamente a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

B) A la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, conjuntamente con las Intervenciones Delegadas. 

C) Únicamente a las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías.

D) A la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, conjuntamente con las Intervenciones Delegadas. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 12 de diciembre 2005, por la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía, a quién le corresponde aprobar la nómina mensual de retribuciones: Ref.:#7773

1. A la Secretaría General competente en materia de Administración Pública.

2. A la Dirección General competente en materia de Tesorería.

3. A la Intervención General de l aJunta de Andalucía.

4. A las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías, y a las Secretarías Generales de las agencias administrativas y de régimen especial.

13. A tenor del artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿desde cuándo se computará el plazo de prescripción en las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando los daños son de carácter físico o psíquico a las personas? 

A) El plazo quedará indefinidamente abierto. 

B) Desde que se produjera el hecho que los ocasionó. 

C) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

D) Desde la primera vez que se manifestara su efecto. 

El artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el plazo de prescripción para el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial en caso de daños de carácter físico empezará a computarse: Ref.:#4358

1. Desde el día en que la lesión efectivamente se produjo.

2. Desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.

3. Desde que se notifique la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

4. Desde el día en que se considere probada la relación entre el funcionamiento de la Administración y el daño causado.

14. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es requerido en una solicitud según el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?  

A) Nombre y apellidos del interesado. 

B) Código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

C) Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico del interesado. 

D) Firma del solicitante, Lugar y fecha. 

El artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las solicitud de iniciación de un procedimiento a petición del interesado deberá contener: (Indica la incorrecta) Ref.:#4348

1. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

2. Lugar y fecha.

3. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

4. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

15. Según el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán: 

A) Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

B) Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, en todo caso. 

C) Por escrito exclusivamente a través de medios electrónicos. 

D) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la forma de los actos administrativos: Ref.:#4208

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, no podrán refundirse en un único acto, siendo necesario dictar y notificar cada resolución de manera individual.

4. Todas son correctas.

16. A tenor del artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá: 

A) La renuncia del procedimiento. 

B) El aplazamiento del procedimiento. 

C) La terminación del procedimiento. 

D) La correspondiente indemnización al interesado. 

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué trámite no pondrá fin a un procedimiento administrativo (indica la incorrecta) Ref.:#4435

1. La propuesta de resolución

2. El desistimiento.

3. La declaración de caducidad.

4. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

17. El artículo 88.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dispone que el control interno comprende dos modalidades: 

A) El control previo y el control financiero. 

B) El control previo y el control por auditoría. 

C) El control financiero y el control económico. 

D) El control económico y el control por auditoría. 

El artículo 88 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, establece que el control interno se comprende dos modalidades que son: Ref.:#6497

1. El control previo y el control posterior.

2. El control concomitante y el control específico.

3. El control previo y el control financiero.

4. El control legal y el control financiero.

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son:  

A) Anulables. 

B) Nulos. 

C) Convalidables. 

D) Subsanables. 

Dispone el artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son:  (A1.1200- OEP2023) Ref.:#12916

1. Anulables. 

2. Convalidables. 

3. Nulos de pleno derecho. 

4. Subsanables

19. Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, entre las instituciones de la Unión NO se encuentra: 

A) El Parlamento Europeo. 

B) El Tribunal de Cuentas. 

C) La Comisión Europea. 

D) El Consejo Económico y Social. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, cual de las siguientes no es una institución de la Unión Europea: Ref.:#9121

1. El Parlamento Europeo.

2. El Consejo Europeo.

3. El Consejo.

4. La Comisión de Gobierno.

20. Según el artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118: 

A) Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga.

B) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

C) Podrán tener una duración superior a un año y podrán prever una prórroga. 

D) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga. 

El artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, establece que los contratos menores: Ref.:#9251

1. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

2. No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.

3. No podrán tener una duración superior a un año aunque sí ser objeto de prórroga.

4. No podrán tener una duración superior a dos años aunque sí ser objeto de prórroga.

21. Según el artículo 143 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es nombrado por:  

A) El Consejo General del Poder Judicial. 

B) El Rey. 

C) El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. 

D) El Presidente del Parlamento de Andalucía. 

El artículo 143 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es nombrado: Ref.:#5615

1. Por el Rey.

2. Por el Presidente de la Junta de Andalucía.

3. Por el Presidente del Parlamento.

4. Por la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial.

22. Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué lengua utilizarán los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma? 

A) Solo el castellano. 

B) Solo la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma. 

C) El castellano o la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma si así la utiliza el interesado. 

D) El castellano o la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma si así la utiliza el interesado, pero el procedimiento siempre se tramitará en castellano por parte de la Administración. 

Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma: Ref.:#4038

1. Deberán utilizar el castellano obligatoriamente.

2. Podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ella.

3. Deberán utilizar la lengua que sea cooficial en ella.

4. Ninguna es correcta.

24. Según el artículo 35 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, sobre el procedimiento de elaboración del presupuesto: 

A) El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de Gastos de Contingencia. 

B) Al presupuesto se adjuntará como documentación anexa un informe económico y presupuestario.

C) La Consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Fiscales, el anteproyecto de Ley de Presupuestos. 

D) El presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 35 del TRLGHP sobre el procedimiento de elaboración del presupueto: Ref.:#6307

1. El Parlamento de Andalucía aprobará cada año, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del Presupuesto anual.

2. Las Consejerías remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de marzo de cada año, los correspondientes anteproyectos de estado de gastos.

3. El estado de ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía será elaborado por la Consejería competente en materia de Hacienda.

4. El Presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Parlamento de Andalucía a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.

26. Según el artículo 3.2 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías podrán crear unidades de igualdad de género en: 

A) Agencias administrativas y agencias públicas empresariales.  

B) Agencias administrativas y agencias de régimen especial. 

C) Agencias administrativas y sociedades mercantiles. 

D) Agencias de régimen especial y sociedades mercantiles. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del decreto 275/2010, de 27 por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, indica donde podrán existir Unidades de Igualdad de Género: Ref.:#335 Ref.:#1121

1. En las agencias administrativas.

2. En las agencias administrativas y de régimen especial.

3. En las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales.

4. Existirán obligatoriamente en todas las agencias.

28. Según el artículo 149.3 de la Constitución Española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución: 

A) Corresponderán en cualquier caso al Estado. 

B) Corresponderán en cualquier caso a las Comunidades Autónomas que las reclamen.

C) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.

D) Podrán corresponder al Estado, si asume las competencias correspondientes en virtud de Ley Orgánica. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 de la Constitución Española, cual de las siguientes afirmaciones es cierta: Ref.:#6134

1. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.

2. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderán a los ayuntamientos, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.

3. El derecho estatal no será, en ningún caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

4. Todas son correctas.

29. Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:  

A) Desde la fecha de su publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

B) Desde la fecha de su notificación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

C) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

D) Desde la fecha de su notificación.  

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cual de las siguientes afirmaciones es cierta: Ref.:#4216

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación inferior.

3. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos que dependan jerárquicamente de el mismo.

4. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, deberá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto.

30. Según el artículo 102.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento: 

A) Goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria.

B) Se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría simple de los Diputados. 

C) Se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría de tres quintos de los Diputados. 

D) Elabora y aprueba su presupuesto, pudiendo modificarlo en los supuestos previstos en el Estatuto de Autonomía. 

Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sobre la autonomía parlamentaria: Ref.:#5522

1. El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria.

2. El Parlamento se dotará de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requerirán el voto de la mayoría simple de los Diputados.

3. El Estatuto del Diputado se aprobará mediante ley.

4. El Parlamento elabora y aprueba su presupuesto y, en los términos que establezcan sus propias disposiciones, aunque carece de facultades plenas para la modificación, ejecución, liquidación y control del mismo.

31. Según el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento: 

A) Únicamente de oficio. 

B) De oficio o a instancia de parte. 

C) Únicamente a instancia de parte. 

D) Las medidas provisionales no podrán ser alzadas ni modificadas. 

El artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece, que las medidas provisionales: Ref.:#4312

1. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto del recurso.

2. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

3. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso.

4. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

33. Conforme al artículo 66.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, entre las retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera se encuentra: 

A) El complemento de carrera profesional, que retribuye la progresión según el tramo de la carrera vertical alcanzado. 

B) El complemento de nivel competencial, que retribuye las condiciones particulares, incluidas la peligrosidad y penosidad, del puesto de trabajo, exigibles para el desempeño del mismo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo y su ámbito de actuación. 

C) El complemento del puesto, que retribuye la especial dificultad técnica y la responsabilidad que concurren en el puesto de trabajo, dentro de la estructura jerárquica de la organización.

D) Gratificaciones por servicios extraordinarios, que retribuyen los servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. 

Señala cual de las siguientes retribuciones  complementarias no se contempla en el artículo 66.2 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía: Ref.:#10091

1. Complemento de destino.

2. Complemento por desempeño.

3. Gratificaciones por servicios extraordinarios.

4. Complemento personal transitorio.

34. El artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que el interesado podrá renunciar a sus derechos: 

A) Con anterioridad al trámite de audiencia. 

B) Cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. 

C) En cualquier momento del procedimiento. 

D) Con anterioridad a la resolución del procedimiento. 

El artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece, respecto al desistimiento y renuncia de los interesados que: Ref.:#4479

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello esté permitido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia afectará todos ellos.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia deberán hacerse de manera electrónica

4. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

35. ¿Cómo se planteará la recusación, según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público? 

A) Por escrito. 

B) Oralmente o por escrito. 

C) En todo caso presencialmente. 

D) En todo caso por medios electrónicos. 

Señala la afirmación correcta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la recusación: Ref.:#8651

1. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

2. En los tres días siguientes el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.

3. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá el día siguiente, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

4. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia cabrán los recursos pertinentes.

36. Según el artículo 3.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, las disposiciones de esta ley solo se aplicarán cuando así lo disponga su legislación específica a: 

A) El personal que tenga la consideración de alto cargo o rango asimilado al mismo.

B) El personal de las universidades públicas de Andalucía. 

C) El personal al servicio del Parlamento de Andalucía y el personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

D) Las personas físicas que al amparo de la legislación sobre contratos del sector público, celebren contratos con el sector público. 

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes colectivos es considerado como personal con legislación específica: Ref.:#9891

1. El personal de las Universidades públicas de Andalucía.

2. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

3. El personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

4. El personal directivo profesional.

37. El artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, establece respecto a la persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que:  

A) Será elegida por el Parlamento por mayoría de dos quintas partes de las personas que la compongan.  

B) Deberá poseer más de cinco años de experiencia profesional acreditada relacionada con la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.  

C) Será nombrada por la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

D) Su mandato será de cinco años. 

El artículo 25.4 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, establece que el mandato de la persona titular de la Dirección de la Oficina será de: Ref.:#12273

1. Cinco años no renovables.

2. Cuatro años renovables.

3. Cuatro años no renovables.

4. Cinco años renovables.

    

El artículo 25.3 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, establece que la persona titular de la Dirección de la Oficina será nombrada por: Ref.:#12270

1. La Presidencia del Parlamento de Andalucía.

2. el Consejo de Gobierno.

3. La Presidencia de la Junta de Andalucía.»

4. La persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública.

5.  

Todas las alternativas de respuesta preguntadas individualmente

39. Según el artículo 13.5 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, el procedimiento de autorización de las cuentas autorizadas se desarrollará por: 

A) Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

B) Reglamento de la Secretaría General competente en materia de Hacienda. 

C) Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Tesorería. D) Instrucción de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

El artículo 13.5 del Decreto 197/2021, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, establece que el procedimiento de aprobación de cuentas autorizadas se desarrollará: Ref.:#8204

1. Por Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería

2. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

3. Por Orden del Consejo de Gobierno.

4. Por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

40. Según el artículo 63.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información, toda la información contenida en los perfiles de contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a: 

A) 5 años. 

B) 2 años. 

C) 1 año. 

D) 10 años. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, cuánto tiempo permanecerá accesible la información que publquen los órganos de contratación en los perfiles de contratantes: Ref.:#9300

1. Un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

2. Un periodo de tiempo no inferior a 3 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

3. Un periodo de tiempo no inferior a 10 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

4. Un periodo de tiempo no inferior a 4 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

41. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: 

A) Cuando sea mayor de dieciséis años. 

B) Cuando sea mayor de quince años. 

C) Cuando sea mayor de catorce años. 

D) Cuando sea mayor de trece años. 

El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor: Ref.:#2367

1. De trece años.

2. De catorce años.

3. De quince años.

4. De dieciséis años.

42. El artículo 108 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que iniciado el procedimiento de revisión de oficio: 

A) El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

B) El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, no podrá suspender la ejecución del acto en ningún caso. 

C) El órgano superior jerárquico del competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, por un plazo máximo e improrrogable de tres meses.

D) El órgano superior jerárquico del competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, por un plazo máximo e improrrogable de seis meses. 

El artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad: Ref.:#4554

1. No podrá suspender, en ningún caso, la ejecución del acto.

2. Podrá suspender la ejecución del acto, cuando el coste de adoptarla fuese superior al beneficio obtenido por la administración.

3. Podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

4. No podrá suspender la ejecución del acto, salvo que se inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en cuyo caso, se estará a lo que disponga éste último.

43. De acuerdo con el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el: 

A) 23 de diciembre. 

B) 27 de diciembre. 

C) 30 de diciembre. 

D) 31 de diciembre. 

Señala la afirmación correcta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 57 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,, sobre el cierre del presupuesto: Ref.:#6433

1. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre, quedando a cargo de la Tesorería los ingresos y pagos pendientes, según las respectivas contracciones de derechos y obligaciones.

2. La Tesorería dejará de aplicar sus entradas y salidas, por años naturales, cualquiera que sea el Presupuesto de contracción de los respectivos derechos y obligaciones.

3. Los ingresos que se realicen, una vez cerrado el respectivo Presupuesto, quedarán afectado al destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido.

4. Todas son correctas.

44. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 112.4 establece que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica:  

A) Los procedimientos de conciliación. 

B) Los procedimientos de arbitraje. 

C) Las reclamaciones económico-administrativas. 

D) Los procedimientos de mediación. 

El artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las reclamaciones económico-administrativas: Ref.:#4567

1. Se regirán por la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

2. Se ajustarán a los procedimientos establecidos en la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Se ajustarán a los procedimientos establecidos en la legislación Civil.

4. Se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

46. Según el artículo 80.2 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aceptación de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, le corresponderá a: 

A) La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. 

B) La persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos. 

C) La persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos previa autorización del Consejo de Gobierno. 

D) En ningún caso podrán aceptarse cesiones gratuitas de bienes inmuebles. 

El artículo 80.2 de la Ley 4/1986 de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que la aceptación de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, a: Ref.:#11840

1. La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

2. El Parlamento de Andalucía.

3. El Consejo de Gobierno.

4. La persona titular de la Consejería a la que vaya a quedar adscrito el bien.

47. El Título VII de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se refiere a: 

A) El Poder Judicial en Andalucía. 

B) Organización Institucional de la Comunidad Autónoma. 

C) Medio Ambiente. 

D) Economía, Empleo y Hacienda. 

El título VII de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se denomina: Ref.:#4957

1. Economía, empleo y hacienda.

2. Medio ambiente .

3. Medios de comunicación social.

4. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma

48. Según el artículo 19 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, se establece un período de prueba de: 

A) 2 meses para los Grupos I, II y III, y 1 mes para los Grupos IV y V. 

B) 2 meses para los Grupos I y II, y 1 mes para los Grupos III, IV y V. 

C) 1 mes para los Grupos I, II y III, y 15 días para los Grupos IV y V. 

D) 1 mes para los Grupos I y II, y 15 días para los Grupos III, IV y V. 

El artículo 19 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece un período de prueba para los Grupos I y II de: Ref.:#8811

1. Un mes.

2. Dos meses.

3. Tres meses.

4. Seis meses.

El artículo 19 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece un período de prueba para los grupos III, IV y V de: Ref.:#8812

1. Un mes.

2. Dos meses.

3. Tres meses.

4. Seis meses.

50. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión indemnizable. Según el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de su emisión no podrá exceder de: 

A) Un mes. 

B) Veinte días. 

C) Quince días. 

D) Diez días. 

El artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable: Ref.:#4418

1. No pudiendo exceder de cinco días el plazo de su emisión.

2. No pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

3. No pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión.

4. No pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión.

51. La Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dispone en su artículo 15.4 que el documento «D» se expedirá: 

A) Al declarar la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, comportando la propuesta de pago correspondiente. 

B) Una vez dictado el acto administrativo que conlleva la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o estimada. 

C) En el momento anterior a la adquisición del compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto. 

D) Una vez dictado el correspondiente acto de reconocimiento y liquidación de la obligación de pago. 

El artículo 15 de la Orden de 19 de febrero 2015 por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, establece que el documento “D” Ref.:#4851

1. Refleja los créditos que, con carácter temporal o indefinido se retienen para una determinada finalidad, se utilizan para la no disponibilidad de créditos o se reservan de forma cautelar para garantizar la suficiencia de las operaciones de traspaso o de cualquier otra índole.

2. Refleja la autorización del gasto efectuada por los órganos competentes, según las normas de ejecución del gasto.

3. Refleja los compromisos de gasto de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, frente a terceros.

4. Refleja las obligaciones contraídas frente a terceros como consecuencia del cumplimiento por parte de estos de la prestación a su cargo y de haberse dictado los correspondientes actos de reconocimiento y liquidación de la obligación.

52. Según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, ¿cómo puede entenderse la resolución? 

A) Favorable a la indemnización del particular. 

B) Contraria a la indemnización del particular. 

C) Prorrogada por el plazo de un mes, sin posibilidad de nueva prórroga. 

D) Prorrogada por el plazo de diez días, sin posibilidad de nueva prórroga. 

El artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece sobre los procedimientos de responsabilidad patrimonial que: Ref.:#4477

1. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular.

2. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular.

3. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

4. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

54. De conformidad con el artículo 4.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a uno de los siguientes ámbitos principales: 

A) La protección civil. 

B) La protección de los consumidores. 

C) La unión aduanera. 

D) La juventud y el deporte. 

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes ámbitos es de competencia exclusiva de la Unión? Ref.:#12684

1. La unión aduanera y la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda sea el euro.

2. Medio ambiente y protección de los consumidores.

3. Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

4. Protección civil y de la salud humana.

55. Según el artículo 46 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con carácter excepcional, podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los siguientes ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior: 

A) Préstamos concedidos a la Administración de la Comunidad Autónoma por otras Administraciones Públicas, sus organismos o instituciones para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma. 

B) Enajenaciones de inmovilizado, con destino a operaciones de la misma naturaleza económica.

C) Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

El artículo 46 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, establece que las generaciones de crédito son: Ref.:#6389

1. Modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

2. Modificaciones que incrementan los créditos cuando estos son insuficientes.

3. Modificaciones que incrementan los créditos cuando estos son inexistentes.

4. Modificaciones que suponen el traspaso de créditos entre distintos conceptos presupuestarios.

56. Conforme al artículo 5 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, entre los contenidos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable se encuentran: 

A) Plazos previstos de tramitación de los procedimientos, así como para la prestación de los servicios. 

B) Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la mejora de los servicios.

C) Relación actualizada de las normas reguladoras de cada una de las prestaciones y servicios.

D) Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios prestados. 

Según el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, entre la información derivada de compromisos de calidad y normativa aplicable NO se encuentra: Ref.:#434

1. Indicaciones que faciliten el acceso al servicio y mejoren las condiciones de la prestación.

2. Sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental y de gestión de riesgos laborales que, en su caso, existan.

3. Relación actualizada de las normas reguladoras de cada una de las prestaciones y servicios.

4. Referencia de otras informaciones divulgativas sobre los servicios gestionados.

57. Según el artículo 117.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas: 

A) La suspensión de su eficacia ha de ser notificada individualmente y publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. 

B) La suspensión de su eficacia no tendrá efecto hasta que no sea notificada a todas las personas afectadas. 

C) La suspensión de su eficacia tendrá que ser publicada, en todo caso, en el Boletín Oficial del Estado. 

D) La suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. 

Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la impugnación de los actos. Ref.:#4583

1. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

2. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de aval o depósito suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

3. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, sin necesidad de solicitud, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.

4. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en la sede electrónica dela administración actuante.

58. Según el artículo 102.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el precio del contrato: 

A) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. 

B) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades, que en todo caso se indicarán como partidas independientes.

C) No se entenderá incluido en ningún caso el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

D) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre Sociedades, que en todo caso se indicará como partida independiente. 

El artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público , establece que en el precio de un contrato: Ref.:#9326

1. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

2. Se entenderá excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

3. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se entenderá incluida en la partida correspondiente.

4. Se entenderá excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se entenderá incluida en la partida correspondiente.

59. Conforme al artículo 14.4 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, las conciliaciones mensuales de las cuentas generales y de las cuentas autorizadas se rendirán a la: 

A) Oficina contable de la Intervención que corresponda. 

B) Oficina de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. 

C) Oficina de gestión de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

D) Oficina de tesorería asociada a la Consejería o agencia administrativa. 

Indica cual de las siguientes afirmaciones es cierta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14 del Decreto 197/2021, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, sobre las conciliaciones bancarias: Ref.:#8208

1. Podrán registrar adeudos en la contabilidad pública que tengan como único soporte los apuntes reflejados en los extractos bancarios de las entidades de crédito siempre que exista el correspondiente documento justificativo del órgano administrativo competente que dé soporte al asiento en la contabilidad pública.

2. De la conciliación y análisis de las cuentas será responsable la persona titular de la Dirección General competente en materia de Tesorería.

3. Las conciliaciones mensuales de las cuentas generales y de las cuentas autorizadas se rendirán a la oficina contable de la Intervención que corresponda, con anterioridad a la finalización del mes posterior al que va referida.

4. El órgano competente deberá remitir a la Intervención General de la Junta de Andalucía las conciliaciones de las cuentas autorizadas realizadas a fecha 31 de diciembre de cada año, con anterioridad a la finalización del mes de enero del año siguiente.

60. Según el artículo 156 de la Constitución Española, respecto de los recursos tributarios del Estado, las Comunidades Autónomas: 

A) No podrán asumir ningún tipo de competencias. 

B) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para su recaudación, gestión y liquidación. 

C) Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y gestión, pero no para su liquidación. 

D) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente para su recaudación. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el artículo 156.2 de la Constitución Española, cual de las siguientes afirmaciones es cierta: Ref.:#6162

1. Las Comunidades Autónomas deberán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán actuar, en ningún caso, como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél.

3. Las Comunidades Autónomas no podrán actuar, salvo autorización expresa del Senado, como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél.

4. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

61. Conforme al artículo 40.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen en los casos de: 

A) Inversiones reales, transferencias y subvenciones nominativas, salvo las subvenciones de capital.

B) Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada. 

C) Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Parlamento andaluz. 

D) Arrendamientos de bienes muebles y cualquier otro instrumento jurídico que implique la cesión de uso remunerada sobre los mismos. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, cual de los siguientes gastos NO puede comprometerse e a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen: Ref.:#6334

1. Gastos de personal.

2. Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, salvo las subvenciones nominativas, y transferencias de financiación de la Ley del Presupuesto de cada ejercicio.

3. Los contratos de suministros, servicios y otros contratos, así como los encargos a medios propios personificados, cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

4. Arrendamientos de bienes inmuebles.

62. A tenor del artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, ejerce la función legislativa y la función presupuestaria en la Unión Europea: 

A) El Consejo de Europa. 

B) La Comisión Europea. 

C) El Parlamento Europeo junto con el Consejo. 

D) El Parlamento Europeo junto con la Comisión. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el Título III del Tratado de la Unión Europea, quién ejercerá la función legislativa y presupuestaria en el ámbito de la Unión: Ref.:#9125

1. El Parlamento Europeo junto con el Consejo.

2. Exclusivamente el Parlamento Europeo.

3. El Parlamento Europeo junto con el Consejo Europeo.

4. El Consejo Europeo junto con la Comisión Europea.

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto de ley que irá acompañado por: 

A) Una Memoria Justificativa. 

B) Una Memoria Económica. 

C) Una Memoria de Análisis de Impacto Normativo. 

D) Una Memoria de Planificación Normativa. 

Según el artículo 43.3 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que el procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto de ley que irá acompañado por:  Ref.:#6752

1. Una la memoria sobre impacto por razón de género de las medidas que se establezcan.

2. Una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación

3. Una Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

4. Una valoración de las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la norma para la ciudadanía y las empresas.

64. De acuerdo con el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si en la tramitación de emergencia se excede el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones: 

A) Este plazo sólo podrá prorrogarse por un plazo máximo de 10 días adicionales.

B) Si es culpa del contratista, éste dispondrá de un plazo de 3 días para justificar la demora.

C) La contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.

D) El órgano de contratación podrá acordar la suspensión del contrato, previa audiencia al contratista. 

Según el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en los contratos de emergencia el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones:  Ref.:#12922

1. Podrá ser superior a un mes contado desde que se adoptó el acuerdo, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.

2. No podrá ser superior a un mes contado desde que se adoptó el acuerdo.

3. No podrá ser superior a quince días contado desde que se adoptó el acuerdo.

4. Si se supera el mes desde el acuerdo adoptado sin que haya comenzado, la ejecución se tramitará por el procedimiento de urgencia.

65. Según el artículo 19.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía se catalogarán como puestos a desempeñar por personal directivo público profesional alto cargo exclusivamente los correspondientes a las personas titulares de los siguientes órganos directivos centrales o periféricos: 

A) Secretarías Generales. 

B) Direcciones Generales independientemente de su ámbito competencial. 

C) Secretarías Generales Técnicas. 

D) Las delegaciones territoriales o provinciales, en todo caso. 

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes puestos NO podrán ser desempeñados por personal directivo público profesional alto cargo.  Ref.:#9993

1. Las Secretarías Generales Técnicas

2. Las Direcciones Generales que tengan como ámbito competencial específico la inspección, el control económico-financiero, los tributos, la asistencia jurídica o los recursos humanos.

3. Las Delegaciones Provinciales o territoriales para las que una norma legal o los decretos del Consejo de Gobierno por los que se aprueben las estructuras orgánicas de las Consejerías así lo establezcan.

4. «Las personas titulares de las Jefaturas de Servicio de las distintas Consejerías que ostenten un nivel orgánico mínimo de Dirección General.

66. Según el artículo 48.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es competencia compartida la siguiente materia: 

A) La ordenación del sector pesquero. 

B) La planificación del sector pesquero. 

C) La pesca marítima y recreativa en aguas interiores. 

D) El buceo profesional. 

Indica, de conformidad con lo establecido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cual de las siguientes competencias es compartida: Ref.:#5451

1. Regulación de los requisitos para la creación y el reconocimiento de universidades y centros universitarios y la adscripción de estos centros a las universidades.

2. Regulación y gestión de las becas y de las ayudas convocadas y financiadas por la Junta de Andalucía.

3. Empleo y relaciones laborales

4. Buceo profesional

68. Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de: 

A) 1 mes a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

B) 2 meses a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

C) 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

D) 4 años a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, podrá interponerse recurso extraordinario de revisión Ref.:#4613

1. Dentro del plazo de un mes años siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

2. Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

3. Dentro del año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

4. Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

69. Según el artículo 72 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la declaración de utilidad pública de entidades deportivas es una competencia: 

A) Compartida. 

B) Propia. 

C) Exclusiva. 

D) Ejecutiva. 

El título II de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta, sobre los deportes y de actividades de tiempo libre Ref.:#5244

1. Competencia exclusiva

2. Competencia compartida

3. Competencia ejecutiva

4. Ninguna es correcta.

71. Según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, la familia tipográfica que se utiliza en los nombres, los descriptores y el uso común de la identidad visual es: 

A) Arial. 

B) Noto Sans HK. 

C) Cambria Math. 

D) Eras. 

El Anexo I del Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, establece que la familia tipográfica que se utiliza en los nombres, los descriptores y el uso común de la identidad visual es: Ref.:#364

1. Verdana.

2. Eras Demi.

3. Noto Sans.

4. Courier new.

72. Al fichero de texto que un navegador web almacena de forma automática en el equipo del usuario cuando éste visita una página web, se le denomina: 

A) Proxy. 

B) Caché. 

C) Centinela. 

D) Cookie. 

Indica cual de las siguientes definiciones se corresponde con la de “cookie”: Ref.:#7389

1. Archivo de pequeño tamaño enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador

2. Archivo que se introduce camuflado en un software legítimo que al ejecutarlo, permite al atacante acceder al control del dispositivo.

3. Un software que controla el dispositivo de un ordenador

4. Un concepto que se utiliza en la informática para nombrar a ciertos formatos de almacenamiento, ya sean físicos o virtuales.

74. Usando LibreOffice Calc, a la referencia $A5 se le da el nombre de: 

A) Referencia absoluta. 

B) Referencia relativa. 

C) Referencia mixta. 

D) Referencia simple. 

Indica cual de las siguientes es una referencia mixta:Ref.:#7231

1. A4

2. $A4

3. A$4

4. $A$4

75. Usando LibreOffice Calc, si utilizamos la siguiente función: =BUSCARV(CARMEN;B51:C54;2;FALSO)  y el nombre CARMEN no está en el rango especificado, nos dará el error: 

A) #NOMBRE? 

B) #VALOR! 

C) #N/D 

D) #REF! 

¿Qué significa cuando en LibreOffice Calc el resultado de una formula o función es #N/D? Ref.:#12007

1. Falta algún argumento en la fórmula.

2. Una referencia de celda no es válida

3. No hay ningún valor disponible

4. Referencia circular.