1. En el ejercicio de sus funciones de control interno, la Intervención General estará sometida a los siguientes principios:
a) Plena autonomía, en los términos previstos en el artículo 2.
b) Suficiencia de medios, para lo que dispondrá de los recursos que resulten necesarios para hacer frente a las obligaciones de control que tiene atribuidas.
c) Desconcentración, que supone la distribución de competencias del órgano directivo entre las diferentes Intervenciones, en función de los gastos controlados.
d) Procedimiento contradictorio, materializado a través de los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en este Reglamento.
e) Alcance delimitado de sus actuaciones de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 2. Carácter y autonomía de la Intervención General
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Públicade la Junta de Andalucía, la Intervención General tiene la condición de órgano superior de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero, y de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera. Asimismo es el órgano directivo responsable de la planificación y ejecución de las actuaciones de supervisión continua.

Artículo 3. El control interno de la Junta de Andalucía
3. El control interno comprende dos modalidades, el control previo y el control financiero.
4. El control de los gastos de personal al que se refiere el Capítulo IV, así como aquellos otros que decida la Intervención General en cumplimiento de las facultades que la ley y este Reglamento le atribuyen, se realizarán empleando de forma complementaria ambas modalidades de control.

1. En el ejercicio de sus funciones de control interno, la Intervención General estará sometida a los siguientes principios:
a) Plena autonomía, en los términos previstos en el artículo 2.
b) Suficiencia de medios, para lo que dispondrá de los recursos que resulten necesarios para hacer frente a las obligaciones de control que tiene atribuidas.
c) Desconcentración, que supone la distribución de competencias del órgano directivo entre las diferentes Intervenciones, en función de los gastos controlados.
d) Procedimiento contradictorio, materializado a través de los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en este Reglamento.
e) Alcance delimitado de sus actuaciones de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 7. Instrucciones, órdenes de servicio y consultas
2. Las instrucciones y órdenes de servicio de la Intervención General serán difundidas y publicadas a través de los medios que aseguren un conocimiento inmediato y eficaz por parte de sus destinatarios y serán de observancia obligada por todo el personal que dependa orgánica o funcionalmente del citado órgano directivo, así mismo serán objeto de publicidad en el Portal de la Junta de Andalucía, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos

Artículo 7. Instrucciones, órdenes de servicio y consultas
1. Sin perjuicio de otros medios de dirección y coordinación, la Intervención General dirigirá y coordinará la actuación de todas las unidades que de ella dependen a través de instrucciones y órdenes de servicio.

Artículo 6. Principios de actuación
2. En el ejercicio de sus funciones en materia de contabilidad pública, la Intervención General se sujetará, además de a los principios de plena autonomía y ejercicio desconcentrado, a los siguientes:
a) Transparencia, en los términos y condiciones establecidos en la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en la de transparencia pública.
b) Claridad, en orden a hacer comprensibles las actividades del sector público de la Junta de Andalucía y del entorno en el que opera.
c) Relevancia, en el sentido de ofrecer una información para la evaluación de la actividad del sector público, por resultar de utilidad y comprender toda aquella que posea importancia relativa.
d) Fiabilidad, evitando errores materiales y sesgos y ofreciendo una información completa y objetiva, en la que el fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma.
e) Comparabilidad, facilitando que se puedan establecer comparaciones con otras Administraciones o entidades, así como con la información de la propia Administración y entidades de la Junta de Andalucía correspondiente a diferentes periodos.
f) Prudencia en las estimaciones y valoraciones.

1. En el ejercicio de sus funciones de control interno, la Intervención General estará sometida a los siguientes principios:
a) Plena autonomía, en los términos previstos en el artículo 2.
b) Suficiencia de medios, para lo que dispondrá de los recursos que resulten necesarios para hacer frente a las obligaciones de control que tiene atribuidas.
c) Desconcentración, que supone la distribución de competencias del órgano directivo entre las diferentes Intervenciones, en función de los gastos controlados.
d) Procedimiento contradictorio, materializado a través de los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en este Reglamento.
e) Alcance delimitado de sus actuaciones de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 8. Facultades del personal que desarrolla las funciones de control
1. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, los servicios centrales de la Intervención General y las diferentes Intervenciones podrán recabar directamente de los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades del sector público andaluz los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el adecuado ejercicio de sus funciones de control interno. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extienda a la totalidad de la Administración de la Junta de Andalucía, se solicitarán, en todo caso, por la persona titular de la Intervención General.
2. La Intervención General podrá instar la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública.

Artículo 9. Obligaciones de colaboración y asistencia jurídica
1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como quienes ostenten la jefatura o dirección de oficinas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo al personal funcionario de la Intervención General encargado de la realización del control. Dicho deber se extiende, también, a las personas responsables de las entidades, oficinas o servicios a quienes la Junta de Andalucía encomiende la gestión recaudatoria de sus ingresos.
Este deber comprende facilitar el acceso a las oficinas donde se desarrolle la actividad y la puesta a disposición y la entrega, en su caso, de la documentación que les sea requerida para llevar a cabo el citado control. La persona responsable de la entidad auditada dejará constancia expresa de que los elementos de la documentación entregada constituyen la integridad de los antecedentes considerados necesarios para la realización del control en la solicitud realizada por el órgano de control.
2. La persona titular de la Intervención General solicitará, cuando proceda, la asistencia jurídica que deba prestar el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al personal empleado público que haya participado en actuaciones de control a que se refiere el artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. La supervisión continua
La supervisión continua tiene como finalidad comprobar la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de las entidades y fondos contemplados en el artículo 96 bis.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía , sometidos por la ley a la aplicación de este sistema, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las causas que justifiquen su permanencia como el medio más idóneo para lograr los fines que tengan asignados.

Artículo 7. Instrucciones, órdenes de servicio y consultas
3. Las consultas de las personas titulares de órganos e Intervenciones a la Intervención General sobre asuntos que, por su especificidad e importancia deban ser resueltas por la persona titular de la Intervención General deberán ponerse en conocimiento, cuando tengan alcance general, de todas las personas a las que pueda afectar o interesar el asunto de que se trate en relación al ejercicio de sus funciones.

Artículo 10. Facultades en el ámbito del control financiero
Además de lo establecido en el artículo 9.1, en el desarrollo de las funciones reguladas en los Capítulos V, VI y VII del presente Reglamento, al amparo de lo previsto en los artículos 93.5 y 95 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con el artículo 46  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el personal de la Intervención que realice los controles financieros tendrá las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
b) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo las funciones de control.
c) El libre acceso a los locales e instalaciones que forman parte del sector público de la Junta de Andalucía.
d) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen las actividades subvencionadas o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención. Cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio constitucionalmente protegido de persona sujeta a las actuaciones de control, se precisará el consentimiento del interesado o autorización judicial.
e) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento necesario para determinar el correcto empleo de los fondos públicos.
f) El libre acceso a la información de las cuentas bancarias de las entidades financieras en las que se realicen los ingresos y desde las que se efectúen los pagos que sean objeto de control.

Artículo 6. Principios de actuación
2. En el ejercicio de sus funciones en materia de contabilidad pública, la Intervención General se sujetará, además de a los principios de plena autonomía y ejercicio desconcentrado, a los siguientes:
a) Transparencia, en los términos y condiciones establecidos en la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en la de transparencia pública.
b) Claridad, en orden a hacer comprensibles las actividades del sector público de la Junta de Andalucía y del entorno en el que opera.
c) Relevancia, en el sentido de ofrecer una información para la evaluación de la actividad del sector público, por resultar de utilidad y comprender toda aquella que posea importancia relativa.
d) Fiabilidad, evitando errores materiales y sesgos y ofreciendo una información completa y objetiva, en la que el fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma.
e) Comparabilidad, facilitando que se puedan establecer comparaciones con otras Administraciones o entidades, así como con la información de la propia Administración y entidades de la Junta de Andalucía correspondiente a diferentes periodos.
f) Prudencia en las estimaciones y valoraciones.

Artículo 6. Principios de actuación
2. En el ejercicio de sus funciones en materia de contabilidad pública, la Intervención General se sujetará, además de a los principios de plena autonomía y ejercicio desconcentrado, a los siguientes:
a) Transparencia, en los términos y condiciones establecidos en la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en la de transparencia pública.
b) Claridad, en orden a hacer comprensibles las actividades del sector público de la Junta de Andalucía y del entorno en el que opera.
c) Relevancia, en el sentido de ofrecer una información para la evaluación de la actividad del sector público, por resultar de utilidad y comprender toda aquella que posea importancia relativa.
d) Fiabilidad, evitando errores materiales y sesgos y ofreciendo una información completa y objetiva, en la que el fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma.
e) Comparabilidad, facilitando que se puedan establecer comparaciones con otras Administraciones o entidades, así como con la información de la propia Administración y entidades de la Junta de Andalucía correspondiente a diferentes periodos.
f) Prudencia en las estimaciones y valoraciones.

Artículo 2. Carácter y autonomía de la Intervención General
2. La Intervención General ejerce sus funciones de control interno, contabilidad pública y supervisión continua con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control. La autonomía respecto de las personas titulares de los órganos y entidades cuya gestión controle la ostentan la persona titular de la Intervención General y quienes realizan funciones del ámbito competencial de esta, sin perjuicio de las potestades de dirección y coordinación que le corresponden a aquella.

Artículo 2. Carácter y autonomía de la Intervención General
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Públicade la Junta de Andalucía, la Intervención General tiene la condición de órgano superior de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero, y de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera. Asimismo es el órgano directivo responsable de la planificación y ejecución de las actuaciones de supervisión continua.

Artículo 4. La contabilidad pública
3. Además la Intervención General es el órgano competente para el suministro de la información económico-financiera de las entidades clasificadas como Subsector «Administración Regional» en los términos previstos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, aprobado por el Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, necesaria para la elaboración de las cuentas económicas del sector público de Andalucía y para la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, según lo contemplado en el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el Capítulo X de este Reglamento y en las demás normas aplicables.

Artículo 4. La contabilidad pública
1. La contabilidad pública del sector público andaluz se configura como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del sector público andaluz.

Artículo 3. El control interno de la Junta de Andalucía
3. El control interno comprende dos modalidades, el control previo y el control financiero.